| Resumen: | La profunda desigualdad que afecta al mundo globalizado en que vivimos, obliga a las personas, grupos y colectivos a migrar. Dichas migraciones responden a razones económicas, políticas y/o ambientales. Los migrantes/refugiados son víctimas, no son responsables de su situación. Migrar no es una opción que se tome entre un abanico de preferencias; es una necesidad urgente para proteger la vida y las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones. Migrar es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución Nacional (Argentina). Migrar es también un determinante social de la salud, lo cual torna necesario garantizar el derecho a la salud de los migrantes. En la última década asistimos en Argentina a un cambio de políticas migratorias (DNU 70/2017). Como consecuencia, se produce un retroceso en el goce de sus derechos sociales y políticos. En lo que hace al derecho a la salud, la instauración de políticas neoconservadoras en salud (CUS) impulsó leyes provinciales (Ley 6.119/19) destinadas a exigir seguros pagos de salud para migrantes, contrarios a nuestra constitución. Nuestro objetivo es analizar los cambios en las normativas citadas sobre migraciones y salud; aplicando un marco de justicia social (Fraser, 2008) que nos permita comprender la imbricación necesaria de las dimensiones distributivas (igualdad de acceso), de reconocimiento (derecho cultural), y de paridad en la participación (diálogo intercultural, saberes complementarios y escucha) en pos de la defensa del derecho a la salud de migrantes como derecho humano.
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